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Madrid. Miércoles 25 de enero de 2012
 
  Encierro en el rectorado en protesta por la "agresión indiscriminada e injustificable hacia los trabajadores públicos"  
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MADRID, ALCALÁ DE HENARES (ALCALADIGITAL).- Los treinta miembros que conforman el Consejo de Representantes del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Alcalá han acordado tras una Asamblea celebrada, encerrarse en los locales del Rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares, a ellos se han unido unos diez trabajadores, que así expresan su descontento ante lo que consideran una vulneración de la Ley.
El motivo del encierro tiene otras connotaciones como son: La defensa de la Universidad Pública; la defensa de la autonomía universitaria y los acuerdos alcanzados en su ámbito; contra la agresión indiscriminada e injustificable hacia los trabajadores públicos y contra la imposición sin diálogo, por parte del Rector y el Gerente, de medidas que no son de aplicación a la Universidad.

Ante estos motivos exigen al Rector de la Universidad la no aplicación de los acuerdos de la CRUMA (Conferencia de Rectores Universidades Madrileñas) al entender que los mismos suponen una agresión directa a principios fundamentales como la autonomía universitaria, la negociación colectiva y el sistema público universitario.

 

JESUS LA RODA SECRETARIO GENERAL COMARCAL DE UGT DEL CORREDOR DEL HENARES Y TRABAJADOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA.

 

Ante el encierro indefinido que los representantes de los trabajadores del Personal Administrativo y de Servicios de la Universidad de Alcalá están llevando a cabo en el edificio del rectorado, el Secretario General Comarcal de UGT, Jesús La Roda y miembro del personal de la Universidad de Alcalá ha estado en las reuniones que se han mantenido hasta el momento sin que haya habido un acuerdo

¿Cuál ha sido el motivo de esta decisión?

“Hemos tenido una Asamblea esta mañana en la universidad de Alcalá y en todas las universidades públicas de Madrid y se ha decidido encerrarse en todos los rectorados. Hemos estado reunidos con el rector cuarenta y cinco minutos haciéndole ver que la situación que tienen las universidades no es para que vengan ahora a aplicarnos una normativa, cuando nosotros tenemos un marco negociador que así nos lo permite también la ley, sobre todo por la propia autonomía universitaria de darse sus propias reglas de juego que son las que llevamos toda la vida negociando, convenios y acuerdos con funcionarios. Ahora lo que pretenden es acabar con la autonomía universitaria, se tienen que reunir los seis rectores para ver lo que tienen que hacer y mientras no tengan esa reunión no se pueden comprometer a nada tampoco”.

¿Hasta cuando se va a mantener el encierro?
El encierro se va a mantener hasta que no tengamos un acuerdo de los rectores de las seis universidades estamos los comités de empresa y juntas de personal encerrados.

¿Os han dado una respuesta en breve para convocarles?

“Nos han dicho que iban a llamar al presidente de la CRUMA, que es el presidente de los rectores, porque lo eligen entre los seis cada año a uno que presida para que sea el portavoz y para ver  si se podían reunir lo antes posible, estamos esperando si mañana o pasado hay algún movimiento”.

¿Cuáles son las mayores dificultades que encuentran los trabajadores?

“Para nosotros la dificultad principal es que la Ley de Medidas de la Comunidad de Madrid, que es la ley 6ª que marca unas directrices con ampliación de horarios y otras cuestiones más que trastocan lo que es el propio Estatuto del Empleado Público que salió publicado hace más de un año, donde nos marca todas las reglas del descanso horario se lo saltan a la torera la Comunidad de Madrid, así como los acuerdos internos de las universidades. Nosotros tenemos un marco regulador de las seis universidades públicas, los sindicatos hemos estado viendo con los servicios jurídicos que es la ley de acompañamiento, la ley sexta de 28 de noviembre que ha trastocado la autonomía universitaria y por lo tanto es ilegal. Con lo cuál no están obligada a cumplirla los rectores, quienes dicen que sí están obligados a cumplirla, y ese es el dilema que tenemos encima de la mesa”.

 
     
     
 
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