AlcaláDigital.- El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 25 de Madrid, dictó el pasado miércoles una sentencia por la cual anula la sanción de suspensión de empleo y sueldo que el ayuntamiento de Alcalá de Henares, impuso al técnico municipal, Juan Antonio Camargo, por lo que “acuerda la reposición del trabajador a su puesto de trabajo debiéndole abonar sus retribuciones salariales” dejadas de percibir, y que según ha podido saber AlcaláDigital, podrían superar los 300.000 euros. Una sentencia, que “nos da la razón”, según afirma la abogada de Camargo, Sara Durán, en una nota informativa remitida a este medio. Una favorable sentencia, que se une a otra dictada el pasado mes de mayo, por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 99 de Madrid, en donde “se le condena a reposición en su puesto de trabajo a mi cliente, debiéndole abonar las retribuciones dejadas de percibir por la sanción de un año”.
Un varapalo político para el gobierno del PP que preside, Javier Bello, y que tendrá que hacer frente a un despido político, que ordenó su anterior predecesor en el cargo, su compañero y amigo, Bartolomé González.
Un despido, político, que el PP realizo en caliente a raíz de la denuncia que Juan Antonio Camargo Muñoz que es Jefe de Servicios desde hace treinta años en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ejerciendo un puesto de gran responsabilidad. Denunció ante el Juez Petreira una parte de la trama Gürtel, relativa a la adjudicación irregular de las obras de las obras de reparación de pavimentos de Alcalá de Henares, habiéndose adjudicado una obra a una empresa que no era la mejor oferta del concurso, concretamente a la mercantil Constructora Hispánica, siendo testigo de los hechos y miembro de la comisión valoradora en dicho concurso. Como sabéis esta mercantil Constructora Hispánica está implicada en la pieza principal de la trama Gürtel y en los papeles de Bárcenas.
Tras esta denuncia se abrió una pieza separada de la trama Gürtel en los Juzgados de Alcalá de Henares, archivándose finalmente la causa por entender el Fiscal y el Juez de que se trataba de un ilícito administrativo pero no con trascendencia penal.
Una vez que se levantó el secreto de sumario en el caso Gürtel y el Ayuntamiento gobernado por dirigentes del Partido Popular, su reacción no se hizo esperar. Le iniciaron de forma simultánea dos procedimientos administrativos sancionadores, dictándose en un mismo día el 7 de septiembre de 2011 dos resoluciones en las que se acordaba la suspensión de funciones en una de ellas por el período de un año y en la otra por el período de cuatro años y seis meses. Es decir, que le retiraron de su puesto de trabajo “durante unos añitos” para evitar que esta persona continuara denunciando o accediendo a información que pudiera comprometer a los miembros del consistorio.
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